(11/11/2026)  

El Defensor/a será una figura diferenciada dentro del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con rango de subsecretario, lo que le dará el peso institucional necesario para coordinar, pedir información y reclamar respuestas a otros organismos. Su objetivo es garantizar a las víctimas una asistencia psicológica, social y jurídica continuada, y proteger así sus derechos, su dignidad y sus necesidades.

El Gobierno comparte con las asociaciones de víctimas la necesidad de crear esta figura y ha incorporado al Real Decreto la misión que ellas propusieron: la protección efectiva de los derechos, la dignidad y las necesidades de las víctimas y sus familiares, el acceso a la información, la atención integral y el acompañamiento y seguimiento de los procesos relacionados con los accidentes.

El nuevo Defensor deberá elaborar, con la participación de las asociaciones, una propuesta para mejorar el marco normativo de atención a las víctimas, que deberá presentar a los tres meses de su nombramiento. El documento abordará, entre otras cuestiones, la organización de los servicios de atención y los mecanismos de colaboración entre las distintas administraciones y entidades. El objetivo es incorporar las lecciones aprendidas de los accidentes recientes y anteriores en todos los modos de transporte, así como analizar en profundidad aquellos aspectos que requieran una regulación con rango de ley.

Estructura

Se creará una Oficina del Defensor/a, con rango de Dirección General, que prestará el apoyo técnico y de la que dependerán una Secretaría General y una Subdirección General de Atención a las Víctimas; un Gabinete Técnico, con rango de subdirección general, que lo asesorará de forma directa. El Defensor o Defensora será nombrado por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

Ámbito de actuación

El Defensor/a actuará en los accidentes de transporte colectivo de viajeros de titularidad o competencia estatal: ferrocarril, aviación comercial, transporte marítimo de pasaje y autobús. Podrá extender su labor a los servicios autonómicos y locales mediante acuerdos de colaboración con las administraciones competentes en cada territorio.

El Real Decreto aprobado define a la víctima de forma amplia, no sólo quien fallece, desaparece o resulta herido, sino también quien sufre daños psicológicos, sus familiares y allegados y las personas que dependían de ella, en la medida en que el accidente les afecta directamente.

El Defensor no sustituirá a ningún organismo ni asumirá competencias que correspondan a otras instituciones. Respetará la independencia de la AITAT, las funciones de los órganos judiciales y las competencias de las comunidades autónomas y los ayuntamientos en materia de sanidad, servicios sociales y transporte. Su intervención en estos ámbitos se articulará mediante mecanismos de cooperación entre administraciones.

Funciones

Sus funciones se estructuran en diez ámbitos, que abarcan desde la coordinación institucional hasta las garantías para el ejercicio de sus competencias. Entre las principales destacan:

- Interlocución: será el referente de las víctimas y sus familiares ante las administraciones y entidades implicadas. Su labor de atención se mantendrá a medio y largo plazo, incluso después de que se retiren los dispositivos de emergencia.

- Coordinación: promoverá una respuesta conjunta, con información clara y asesoramiento continuado. También colaborará en la elaboración de protocolos de asistencia, con especial atención a las personas vulnerables.

- Información y asesoramiento: orientará a las víctimas sobre sus derechos, las ayudas disponibles, las reclamaciones por daños, la justicia gratuita y las prestaciones económicas. También facilitará el acceso al apoyo psicológico y terapéutico.

- Colaboración con la investigación: cooperará especialmente con la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes (AITAT), respetando en todo momento su independencia.

- Cooperación institucional: trabajará con las asociaciones de víctimas y otras entidades dedicadas a su atención.

- Transparencia y rendición de cuentas: elaborará informes sobre la atención prestada y las reclamaciones recibidas tras cada accidente. También promoverá, junto con las asociaciones y los medios de comunicación, un código de buenas prácticas para garantizar un tratamiento informativo ético.

- Capacidad de requerimiento: podrá solicitar a las administraciones y organismos la información necesaria para desarrollar sus funciones.

Las asociaciones de víctimas tendrán una participación activa y permanente en todas estas funciones a través de un grupo de trabajo. El objetivo es que las decisiones se adopten contando con las víctimas y no únicamente pensando en ellas.